El martes 15 de agosto, una jueza de Managua ha ordenado incautar los bienes materiales y económicos de la universidad jesuita de Nicaragua y ha acusado a sus directivos de «terrorismo». Previamente, el pasado 9 de agosto, el gobierno de Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias de la universidad. En el país, otras 20 universidades privadas han sido confiscadas.
La provincia centroamericana de la Compañía (CAM) ha publicado un comunicado donde condena los hechos, niega las acusaciones y asevera que la confiscación es el precio a pagar «por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32)».
Esta nueva agresión gubernamental en contra de esta Universidad que nació hace 63 años, no es un hecho aislado, señala el comunicado, sino que «forma parte de una serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales de la sociedad civil que están generando un clima de violencia e inseguridad y agudizando la crisis sociopolítica del país».
Accede al comunicado en este enlace.
2023 08 17
