Sentencia del caso UCA: la verdad jurídica

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La Audiencia Nacional ha condenado a 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera coronel y viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador, Inocente Montano, por el crimen de la UCA en El Salvador en 1989.

Los cinco jesuitas españoles por cuya muerte se le condena son: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo. El tribunal también considera a Montano autor de los asesinatos de Joaquín López y López SJ, Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos, pero no lo condena por estas víctimas porque el juicio se circunscribe a las víctimas españolas.

La resolución de la Audiencia analiza el contexto en el que se produjeron los hechos: el protagonismo de la Iglesia, y de Ignacio Ellacuría en particular, en la búsqueda de una salida negociada al conflicto salvadoreño, los enemigos que ese proceso tenía en las fuerzas armadas y los precedentes —amenazas, registros, atentados— que se habían producido…

La sentencia relata la reunión de oficiales, entre los que se encontraba Montano, en la que se ordenó matar a Ellacuría y no dejar testigos, así como los hechos de la noche del crimen.

La sentencia argumenta que los asesinatos fueron cometidos desde los propios aparatos del Estado, «lo que comúnmente viene a denominarse como terrorismo desde el estado que se fragua y desarrolla en determinados núcleos decisivos de poder». En los hechos participó un grupo estable y permanente, que desde las más altas estructuras del poder en el Salvador y compuesto por el propio presidente de la República utilizaron la violencia y cometieron graves delitos, que causaron alarma y alteraron gravemente la paz y la convivencia ciudadana, cercenando el camino hacia el diálogo y la paz.

La sala considera vital el testimonio del exteniente del ejército René Yusshy Mendoza, que en calidad de testigo reconoció su participación en los hechos. El tribunal ha tenido en cuenta también el testimonio de otros testigos, así como los informes periciales, los informes de la Comisión de la Verdad para el Salvador de la ONU y el emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El provincial de España de la Compañía de Jesús, Antonio España, ha mostrado su satisfacción porque «el principio de Justicia Universal, aplicado en España, haya servido para avalar jurídicamente la verdad». También señala que la sentencia no agota las responsabilidades, y muestra su deseo de que la sentencia propicie avances en este sentido en el propio El Salvador. También recuerda que los jesuitas han expresado su disposición a perdonar a los autores.

La Universidad Centroamericana, por su parte, ha declarado que la sentencia ayudara «tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia, no solo en el denominado caso jesuitas, también en todos los casos pendientes de graves violaciones a los Derechos Humanos».

2020 09 11

Fuente: Infosj

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